A pocos días de que una conocida plataforma de televisión de pago estrene una serie policíaca sobre las fuerzas antidisturbios, la realidad sigue mostrando altercados entre manifestantes y la policía en países de todo el mundo. Lo hemos visto recientemente en la isla de Lesbos, en Grecia, y en diferentes barrios de Madrid. En lo que parece un equilibrio entre las series de televisión y la realidad distópica, las imágenes dan la vuelta al mundo, abren telediarios y suscitan reacciones de telespectadores y tuiteros.
Muchos altercados son polémicos y ante situaciones conflictivas se despiertan actitudes violentas. Entre ellas, también las de la policía. En un panorama de crisis social, ecológica y quizás también de la democracia, cada vez se cuestionan más ciertas intervenciones de las fuerzas antidisturbios. Entonces, ¿cuándo y por qué cargan en España, Francia, Alemania y Reino Unido?
España
En España, las Unidades de Intervención Policial (U.I.P.) son el organismo especializado en afrontar disturbios. Dependen de la Policía Nacional, son casi 3.000 agentes y entre sus cometidos se encuentra abarcar la protección de la Casa Real, mantener la seguridad ciudadana e intervenir en motines. También actúan en escenarios conflictivos la Guardia Civil y las policías autonómicas.
Las cargas policiales deberían ser un recurso extremo y aplicarse de la forma menos lesiva posible. La Ley Orgánica 4/2015, más conocida como Ley Mordaza, es la que detalla los principios que guían las actuaciones de la policía, incluyendo la “absoluta neutralidad política” y los principios de “congruencia, oportunidad y proporcionalidad”.
Pero esta legislación deja una amplia discrecionalidad a las autoridades y en los últimos años se han llevado a cabo cargas con porras, lanzamiento de pelotas de goma e incluso gases lacrimógenos. En 2017, Amnistía Internacional denunció el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades policiales en Catalunya, señalando la aplicación “excesiva y desproporcionada [de] la fuerza contra personas que pasivamente se resistían”. ¿Quién da la orden de cargar? En principio, no debería estar influenciada por orientaciones políticas aunque puede provenir de autoridades políticas en última instancia, que no es lo mismo. ¿Qué sucede en otros países europeos?
Reino Unido
En el Reino Unido, las Unidades de Apoyo a la Policía o los Servicios de Policía Metropolitanos se dedican al control de altercados. Intervienen siguiendo tácticas variadas, que no están exentas de polémica. Se permite, por ejemplo, el desmantelamiento de protestas estáticas y pacíficas si la policía piensa que pueden acabar en situaciones conflictivas. Esto ocurrió durante las protestas del grupo ecologista Extinction Rebellion en abril de 2019.
En los últimos años, los antidisturbios británicos han usado una táctica conocida como kettling (encapsulamiento), que consiste en confinar masas de gente en un lugar específico. Durante las protestas antiglobalización de mayo del 2001, la policía acorraló durante 7 horas en Oxford Circus a un grupo de manifestantes. 3 personas que se quedaron allí encerradas sin tener nada que ver con las protestas llevaron el caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos que finalmente dijo que era legal.
Alemania
En Alemania, la mayoría de las funciones de la policía están federalizadas y el Ministerio del Interior coordina el despliegue de la Bereitschaftspolizei (policía antidisturbios). Su estructura tiene influencias paramilitares y sus funciones incluyen el despliegue en grandes manifestaciones y el despeje de barricadas. La Bereitschaftspolizei también ha sido objeto de reproches por su actuación frente a las protestas del G20 en Hamburgo en 2017 en las que tomaron la ciudad a golpe de gas lacrimógeno, o más recientemente, la crítica a las posibles relaciones de algunos agentes con la extrema derecha.
Francia
Con su largo historial de protestas callejeras, Francia ha desarrollado una policía antidisturbios extensiva y especializada, con más de 25,000 agentes. Sus métodos han ido evolucionando y en la actualidad busca ser más eficaz y mantener un menor contacto con los manifestantes. Esto incita un mayor uso de las polémicas balas de goma, gases lacrimógenos y granadas aturdidoras. En 2018 Humans Rights Watch denunció las tácticas antidisturbios empleadas durante las manifestaciones de los “chalecos amarillos”, que ocasionaron daños físicos a manifestantes.
El negocio del gas lacrimógeno
A nivel internacional, toma relevancia el creciente negocio internacional de gases lacrimógenos. La empresa brasileña de seguridad Condor, por ejemplo, ha disparado sus ventas en los últimos años y sus productos han aparecido en calles de Egipto, Venezuela o Bahrein. A este comercio en auge se le suma la grave paradoja del Derecho Internacional: la Convención de Armas Químicas de 1993 prohíbe el uso de gases lacrimógenos como método de guerra pero permite su uso por parte de las policías nacionales. Tal desregulación propicia que estos químicos se hayan empleado de forma abusiva en diferentes países, manteniendo estrecha relación con las violaciones de derechos humanos, como recoge Amnistía Internacional. De hecho, están aumentando las peticiones para regular y prohibir el uso de los gases lacrimógenos.
El marco regulatorio en torno al control de los disturbios es deficiente a nivel nacional e internacional. En un mundo cada vez más exacerbado en el que las injusticias llevan a un mayor número de protestas en las calles, los expertos coinciden en que mantener el orden público no debería limitar el derecho a la manifestación. Las organizaciones de derechos humanos piden que los políticos se sienten y aborden la legislación correspondiente, porque sólo así las actuaciones de los antidisturbios dejarán de ser discriminatorias y lesivas.
