320.000 hogares sufren pobreza energética en Catalunya. Ese drama provoca el 70% de los incendios, aunque la cifra no es precisa porque la pobreza energética todavía no está considerada como concepto, así que no hay datos. Para luchar contra ese vacío, el Observatori pels Drets Econòmics Socials i Culturals (DESC), la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y la Aliança contra la Pobresa Energètica (APE) se han organizado. Quieren que se reconozca la existencia de este tipo de pobreza, porque es la única manera de empezar a plantear soluciones. Dentro de la campaña, han conseguido la adhesión de los bomberos de la Generalitat, que explican en primera persona los casos de incendios que se deben a la escasez de recursos energéticos.
El centro de sus reclamaciones reside en la recogida de firmas para llevar al Congreso una Iniciativa Legislativa Popular que frene los desahucios y solucione la pobreza energética. Necesitan 500.000 firmas para que la cámara tenga que debatir sí o sí sus peticiones. Las medidas, en concreto, son: mecanismos que otorguen una segunda oportunidad a las personas sobreendeudadas, obligar a las entidades financieras a conceder un alquiler social a las familias en situación de vulnerabilidad, la creación de un parque público de viviendas de alquiler en el que se incluyan temporalmente los pisos vacíos en propiedad de los bancos, garantizar el acceso a los suministros básicos (agua, luz y gas) y que éstos no se corten.
Van sin freno, ni siquiera tienen fuerzas para rendirse.
