El sábado la indignación volvió a prender en las calles de nuestra ciudad. La sentencia del Tribunal Supremo, que condena a 3 años de prisión a 8 personas por participar en la acción Aturem el Parlament de 2011, ha vuelto a despertar las críticas contra el sistema. Más de 6.000 personas según los convocantes, unas 2.500 según la Guardia Urbana, llenaron el recorrido desde Universitat hasta Plaça Sant Jaume.
El 15M, que parecía desparecido en forma de bucólico recuerdo, ha resucitado con lo que la mayoría de indignados considera una nueva injusticia. Vuelve el «no nos representan», acompañado de otros gritos como la falta de lógica en una condena a tres años «por protestar». Los manifestantes se quejaron, en una lectura al final del recorrido, de las detenciones aleatorias que se produjeron en 2011, en una operación policial «destinada a criminalizar el 15M». Lejos de sembrar el miedo, el Tribunal Supremo ha revitalizado las ganas de cambiar las cosas.
Como las que tiene Ada Colau, candidata a las elecciones municipales por Barcelona en Comú. En una entrevista en el 3/24, ha denunciado las últimas inversiones de miles de euros en «embellecer» el Passeig de Gràcia o la Diagonal, en un intento de seguir atrayendo al turismo de lujo. Con ese gasto, Colau estima que se ha dejado de invertir «en sitios de la ciudad que lo necesitan». Cree que es necesario un cambio en las reglas del juego, que hasta ahora están hechas para favorecer «los intereses de unos pocos». ¿Quiénes son esos pocos? El sector hotelero y las multinacionales que se saltan las normas «continuamente». ¿O no os parece que para los ciudadanos de a pie está todo muy muy regulado? El peligro de este juego para Colau está en una nueva burbuja, turística esta vez.
