Agosto solía ser el mes en que la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca) se iba de vacaciones. Hasta los bancos daban tregua a su sed inmobiliaria, como cuando las bandas fijan hora y día para partirse la cara. Pero los fondos buitre no tienen normas. Da igual el minuto, da igual quién okupa ni por qué y también, da igual si se tiene o no orden judicial para proceder. Los vecinos de Entença 151 dan cuenta de ello.

La administradora de la propiedad, Renta Corporación, llamó a los mossos el 8 de agosto para denunciar una “okupación exprés” que habría empezado pocas horas antes. En casos así, con la gravedad añadida de que se pueda estar robando o agrediendo a alguien, la policía puede intervenir sin autorización judicial. Y así lo hizo, sin preguntar a los vecinos ni a los propios okupantes. Solo y exclusivamente con la versión de la propiedad.

Antes de culpar al Ayuntamiento, conviene recordar que quien manda a los mossos es únicamente el Departament d’Interior, cuyo conseller es Joaquim Forn, del PDeCat. Fue teniente de alcalde con Xavier Trias hasta que perdió las elecciones de 2015 y concejal del Ayuntamiento de Barcelona desde 2009. El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ya le ha pedido explicaciones por una posible vulneración de los derechos de los desalojados. Según Jaume Asens, teniente de alcalde, “los poderes públicos no pueden practicar desahucios y despreocuparse de las consecuencias”.

Pues menos mal. La finca de Entença 151 tiene 12 viviendas. De ellas, cuatro estaban vacías porque la propiedad había decidido no renovar ninguno de los contratos de alquiler. Renta Corporación, que hasta ahora administra la finca pero pasará a ser de su propiedad el 30 de noviembre, según el abogado que defiende a las familias, quiere rehabilitar los pisos para volverlos a vender. Así define su actividad empresarial en su web: “Transformamos edificios, creamos valor”. Se describen como grupo “especializado en la adquisición, rehabilitación y venta de inmuebles ubicados en localizaciones prime de grandes ciudades”.

He aquí el manjar: después de 113 años, la Modelo, a metros de esta finca a medio desahuciar, cerró sus puertas definitivamente el 8 de junio. 800 reclusos, a veces hasta 2.800, convivieron entre sus paredes y tuvieron un trato más humano. El diseño de la Modelo, antiguo, lejos de las cabinas aisladas de las nuevas cárceles de hoy en día acercaba a los presos, como cuenta el funcionario Vives en un reportaje de El País. Y aunque los planes del ejecutivo de Colau son acercar a los vecinos con futuros equipamientos públicos en lo que un día fue la cárcel, los fondos buitre tienen otros planes.

Conviene recordar que quien manda a los mossos es únicamente el Departament d’Interior, cuyo conseller es Joaquim Forn, del PDeCat.

Mientras el Ayuntamiento decide y planea el futuro de la Modelo, la cárcel se puede visitar. Otro polo turístico sin querer, como el Mercat de Sant Antoni o La Boqueria. Lugares que son para quienes vivimos la ciudad y queremos comprar y/o conocer su historia y en los que se acaban saturando las fotos que miles de viajeros olvidarán en cuanto lleguen al siguiente destino.

Entença 151 era o iba a ser la casa de 12 familias. Cuatro se marcharon resignadas cuando terminó su contrato y otras cuatro las sustituyeron mediante la okupación. El sábado 5 de agosto, Encarna de 68 años, Sandra y su hijo de 7, y otros dos jóvenes entraron en los pisos vacíos con la ayuda del Grup d’Habitatge de Sants. A los tres días, volvían a encontrarse de nuevo de patitas en la calle, lo que desacredita que el desalojo de los mossos fuera exprés y estuviera amparado por la ley. Aunque la presencia de los vecinos y los medios frenó el muro de ladrillos que iba a condenar las puertas de sus casas por un instante, a día de hoy están completamente tapiadas con cemento.

Sandra perdió su trabajo en febrero y no pudo seguir pagando el alquiler. El desalojo del día 8 le pilló casualmente fuera, cuando salía a dar una vuelta con su hijo. Ya no pudo volver a su casa y lo peor fue la “solución” que le ofrecieron los servicios sociales: “Dos noches, a lo sumo tres, en un alojamiento pagado por el Ayuntamiento”. Encarna estaba en casa y los mazazos que acompañaban a la propiedad durante el desalojo de los mossos la convencieron para que saliera de la vivienda. Juan Gómez, vecino del 1º 1ª y el único con un contrato de alquiler indefinido, intentó defenderla. Gritó que lo que hacían era ilegal y que él era testigo de que Encarna vivía allí desde hace días, mientras los matones la acompañaban “con una barra de hierro de dos metros en la mano”.

El caso está plagado de ilegalidades, porque aún quedan otros vecinos que tienen contratos de alquiler temporales y que tampoco quieren dejar de vivir en el edificio. Una de ellas contaba hace días que recibió el burofax del fin del contrato hace unas semanas y que continúa pagando la renta por giro postal. Después de 18 años viviendo en Entença 151 considera “traumático” que “te echen de un día para otro”.

Con el drama que tan rápido sigue al cierre de la cárcel, ideas para el futuro de la Modelo: si este panorama se mantiene, ¿por qué no, viviendas públicas, protegidas por un alquiler social? No se me ocurre mejor forma de reinventar la vida de una antigua cárcel sin que suponga una pena para los vecinos que la acogieron durante tantos años.