¿Es otra policía posible?

Ilustración: Elisa Munsó @elisamunso

Desde la dramática serie de Los Hombres de Paco hasta una impasible Marge Gunderson en Fargo, pasando por la violencia hiperbólica de La Jungla de Cristal: las ficciones que consumes están llenas de retratos, más o menos realistas, de policías.

Te has hartado de ver agentes de seguridad en el cine, algunos justicieros, otros corruptos, pero siempre con métodos y herramientas parecidos: en la pantalla la manera de ejercer la profesión no ha evolucionado mucho. Pero, en el mundo real, hace décadas que la sociedad le da vueltas al asunto. Tanto desde la academia como desde la calle, los propios agentes han buscado fórmulas alternativas a la policía más reactiva y tradicional.

En Barcelona, hace años que la Guardia Urbana evoluciona lentamente, hacia lo que llamamos policía comunitaria. Según Megan O’Neill, investigadora de la Universidad de Dundee (Escocia), se trata de “un modelo centrado en la prevención y suele implicar una presencia visible a nivel local para crear conexiones y confianza con el público”. De hecho, aunque quizá no lo has notado, desde 2016, Barcelona cuenta con una policía de barrio. Se trata de unos agentes que patrullan siempre por la misma zona, para conseguir lo que explica O’Neill. La iniciativa surgió con el anterior gobierno municipal. Entonces, Ada Colau aún era la responsable de seguridad del consistorio y Amadeu Recasens era el comisionado de este tema. “Se trata de mejorar las relaciones con el vecindario para poder detectar y evitar problemas de convivencia”, relata Júlia Trias, exasesora de Recasens y politóloga. Igual te suena raro porque, tal como apunta la misma Trias, “no estamos acostumbradas a tener una relación muy cercana con los agentes de policía, pero la idea es que puedas contarle los problemas del barrio antes de que estalle el conflicto y se conviertan en una llamada a las dos de la madrugada”. De hecho, las personas organizadas del barrio cuentan incluso con el número de móvil de estos agentes, para facilitar la comunicación. 

Algo parecido sucedió en otro de los grandes municipios catalanes, Badalona, cuando la formación liderada por Dolors Sabater, Guanyem, llegó al consistorio en 2015. Según el también politólogo Ricard Vilaregut, ex coordinador de gobierno de la alcaldesa, querían crear “un modelo de policía al servicio del ciudadano y no al servicio del poder”. En este sentido, la primera medida que tomaron fue disolver la polémica unidad antidisturbios, la Omega, de la Guardia Urbana de Badalona, que atajaba los conflictos cívicos de la ciudad por vías “que rayaban la ilegalidad y se basaban en la intimidación”, según Vilaregut. No solo crearon una policía de proximidad como la de Barcelona, sino que renovaron la cúpula del cuerpo. “Intentamos que entrara gente con un perfil más relacional y menos punitivo”, explica.

Las dos ciudades catalanas son ejemplos de una nueva aproximación a la seguridad mucho más arraigada en países anglosajones, donde los cuerpos de policía “cuentan con un margen de discrecionalidad mayor que el que permite nuestro ordenamiento jurídico”, apunta Marc Pintor, criminólogo y profesor de derecho penal de la Universidad de Barcelona. Pintor considera que “a menudo se utiliza la idea de policía de proximidad como producto electoral cuando se prometen determinadas reformas, sin entrar a fondo en el concepto”. Aunque permite reforzar la confianza en los agentes de seguridad, el modelo de policía comunitaria también presenta muchas limitaciones. Los intereses de la comunidad no siempre son homogéneos y los deseos de los vecinos a veces no caben en la legalidad. Por ejemplo, cuando dos asociaciones del mismo barrio tienen demandas diferentes, ¿a quién deberían escuchar los agentes? O, si los vecinos exigen que se expulse a los okupas de un piso que antes estaba vacío (no una primera o segunda residencia), ¿tendrá que saltarse la ley el policía para satisfacerlos? “Si la policía establece sus prioridades únicamente en base a las demandas subjetivas de la ciudadanía, corre un gran riesgo de perder la imparcialidad e incluso de ir en contra del interés general”, advierte el profesor.

Te propongo un juego: imagina cómo sería la ciudad más segura del mundo. Sus calles, sus edificios, sus habitantes… Cuando compartamos los detalles de nuestras ciudades imaginadas, lo más probable es que no tengan nada o bien poco que ver. Y es que una cosa es la seguridad que percibimos y otra, muy distinta, es cuan realmente seguros estamos. “La diferencia entre seguridad objetiva y seguridad subjetiva es muy relevante a la hora de hacer política pública”, señala Júlia Trias. Tomemos el caso de Barcelona: según datos de la Encuesta de Victimización que realiza anualmente el ayuntamiento, los hechos delictivos en la ciudad bajaron un 20,2 % entre 2018 y 2019. Sin embargo, en el mismo periodo de tiempo, la percepción de seguridad bajó también, de 6,2 a 5,2 (en una escala del 0 al 10). O lo que es lo mismo: ante una patrulla de policía desplegada en el distrito de Ciutat Vella, una anciana que ha vivido allí toda la vida y está en situación regular quizá se sienta segura, mientras una chica joven recién llegada y en situación irregular, puede sentirse muy insegura. 

La policía comunitaria no tiene generalmente efectos sobre la prevención del delito, sino sobre la mejora de la legitimidad policial y, en algunos casos, en la reducción del miedo a sufrir un delito y la inseguridad subjetiva.

Este es uno de los puntos fuertes de las policías comunitarias. “La investigación empírica hasta la fecha indica que la policía comunitaria no tiene generalmente efectos sobre la prevención del delito, sino sobre la mejora de la legitimidad policial y, en algunos casos, en la reducción del miedo a sufrir un delito y la inseguridad subjetiva”, apunta Pintor.

Lo que está claro es que la policía no es el único instrumento para garantizar el derecho a la seguridad, que recoge la Constitución en su artículo 17 y la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el 3. El urbanismo, la limpieza o la vivienda son factores que influyen en cómo de seguro o segura te sientes en tu ciudad. “Se trata de trabajar con otros agentes de la comunidad para identificar la raíz del problema y establecer medidas para resolverlo”, apunta Megan O’Neill.

Un buen ejemplo es el caso de Estocolmo (Suecia), donde, desde 2015, se han desplegado equipos de profesionales psiquiátricos para acompañar o incluso sustituir a la policía en emergencias relacionadas con la salud mental. Según un estudio reciente, el proyecto hizo que los pacientes se sintieran “en un ambiente seguro donde podían participar en la toma de decisiones sin miedo a ser despachados, ignorados o juzgados”.

“La construcción de vivienda pública o refugios rara vez se considera una alternativa a la policía, aunque la evidencia sugiere que esto reduce los delitos violentos. Las inversiones sociales pueden ser alternativas policiales”

En Catalunya y en España en general, aún estamos a la cola en este tipo de alianzas, pero podemos encontrar algunos ejemplos. Si volvemos a Badalona y Barcelona, ambas ciudades crearon mesas sectoriales por distritos para favorecer el diálogo y el intercambio de información entre distintos actores locales. “Formaban parte de las mesas todos los servicios que entendemos que tienen que ver con la seguridad: la Guardia Urbana, pero también los equipos de gestión de conflictos del ayuntamiento, limpieza, urbanismo y movilidad”, detalla Trias. La exasesora recuerda, por ejemplo, que se actuó en una plaza donde había muchos problemas de convivencia con el vecindario. Entonces, además de seguir enviando a la policía cuando hubiera quejas, se decidió cambiar la iluminación y los árboles, muy frondosos, para mejorar la visibilidad. En muy poco tiempo, el problema se resolvió.

Un caso interesante y controvertido es el de Nueva Zelanda, cuya policía lanzó en 2008 la estrategia Prevention First (La Prevención Primero), que incluía algunas medidas como las que ya hemos visto, como una policía de barrio, y otros métodos como una línea telefónica de denuncia o la identificación de comunidades con un alto riesgo de ser víctimas de crímenes. Entre 2008 y 2014 aumentó tanto el presupuesto (del 14,5% al 20,5%) como las plazas dedicadas a la prevención (214 nuevas posiciones). Todo esto no supuso aumentar la inversión total en de la policía, sino redistribuirlo. En el mismo periodo de tiempo, hubo una reducción del 13% de los crímenes en general. A nivel específico, disminuyeron, por ejemplo, los homicidios (35%), los robos (24%) o los delitos relacionados con las drogas (22%). Sin embargo, subieron los delitos de violencia sexual (45%) y secuestro (18%).

Según el doctor Garth den Heyer, profesor de la Escuela de Criminología y Justicia Criminal de Phoenix e investigador de la Fundación Nacional de Policía de Washington (EEUU), uno de los puntos débiles de la estrategia neozelandesa es que “no se ha basado en la investigación empírica sobre los delitos en el país”. Además, como el programa apuesta por prevenir el crimen asignando a la policía más acciones relacionadas con la comunidad “subestima las funciones básicas y el propósito de la policía y enfatiza demasiado las tareas que están más allá de la esfera de influencia de la policía”, apunta den Heyer. La evidencia, pues, no muestra que este tipo de medidas cumplan siempre con las metas deseadas.

Por otro lado, en un artículo reciente del Instituto Kinder de Investigación Urbanística (Universidad de Rice, EEUU), el investigador Stephen Averill Sherman afirmaba que “la construcción de vivienda pública o refugios rara vez se considera una alternativa a la policía, aunque la evidencia sugiere que esto reduce los delitos violentos. Las inversiones sociales pueden ser alternativas policiales”. Es decir, políticas de redistribución económica o de prevención contra la exclusión social pueden también construir una sociedad más segura.

“En España, no hay una tradición en materia de innovación sobre políticas de seguridad, de prevención del delito y de funcionamiento policial como en los países anglosajones”, lamenta Marc Pintor. Esto hace que, en general, aún estemos lejos de alternativas a la policía clásica y más reactiva, lo que desde la academia llaman fire-brigade policing, porque los agentes se dedican más a apagar fuegos que a prevenirlos.

Esto hace que, en general, aún estemos lejos de alternativas a la policía clásica y más reactiva, lo que desde la academia llaman fire-brigade policing, porque los agentes se dedican más a apagar fuegos que a prevenirlos.

Uno de los elementos clave para este retraso es la falta de datos y de investigación. Como solución, Pintor propone incorporar una figura que no existe en España, pero sí en Reino Unido: los analistas delictivos, que pueden ser civiles y se dedican a estudiar los resultados de las estrategias adoptadas por la policía. El llamado evidence-based policing consiste en “investigar la actividad policial con los métodos de las ciencias sociales para encontrar evidencia empírica sobre qué prácticas son más efectivas”, especifica el profesor.

Uno de los pocos estudios sobre el uso de datos en las policías locales, a cargo del Instituto de Seguridad Pública de Catalunya, apunta que las policías municipales que realizan análisis de seguridad ciudadana no llegan a un tercio del total (un 29 %). De estos, en el 94 % los agentes que se dedican a ello lo hacen a tiempo parcial. Según el informe, los motivos son la falta de personal y de presupuestos. Ya lo advierte Júlia Trias: “A menudo, en los cuerpos de policía local, la parte de investigación está poco dotada o priorizada y esto hace que la policía acabe siendo muy reactiva y, al final, punitiva”.

Vale, sí. Todo lo que te he contado sobre mejorar el análisis de datos y la cercanía con los barrios está muy bien, pero seguro que, desde que has empezado a leer, tienes en mente las imágenes menos amables de la policía, cuando los antidisturbios cargan en manifestaciones o desahucios. Porras, gas pimienta o balas de goma (que ya prohibió el Parlament en 2013) son algunas de las herramientas que hemos visto en manos de la policía, en este caso los Mossos d’Esquadra, en las calles y en las noticias. ¿Cómo reformular la seguridad en protestas y eventos multitudinarios? Megan O’Neill nos da algunas ideas. “En la medida de lo posible, los manifestantes deben ser consultados e involucrados durante una protesta. La gente necesita sentir que está siendo escuchada y que sus necesidades se toman en serio”, subraya la experta. Y pone como ejemplo el trabajo de la policía en algunos condados ingleses durante los últimos años.

En 2011, la policía de South Yorkshire usó redes sociales como Facebook o Twitter para interactuar con antelación y en directo con los manifestantes durante un congreso político masivo que iba a reunir a miles de personas en un mismo espacio. Durante los meses previos al evento, los agentes dialogaron virtualmente con los organizadores de varias protestas. También desmintieron rumores en directo desde sus cuentas personales. En este sentido, el experto Clifford Stott explicaba en la emisora de radio estadounidense Whyy, a finales de 2019, que los manifestantes no tienen una mentalidad de masa sin conciencia, sino que construyen una identidad común en torno a sus demandas. Una reacción policial dura puede hacer que el enfado sustituya a esa demanda común. Así que “las autoridades, y en particular la policía, pueden tener un papel importante en crear la misma violencia que pretenden parar”, apuntaba Stott.