Ilustración: Iván Cuadros. [gdl_icon type=»icon-lock» color=»#000″ size=»25px»] “Tiro la esponja. (…) Tengo la sensación de que me acosan más por escribir sobre la delincuencia financiera que si hiciera una apología del nazismo o me entrometiera en la vida privada de alguien. (…) Mi blog está vigilado. (…) Queréis destruirme y arruinarme. Utilizáis todo lo que está a vuestro alcance para desacreditarme. Tal vez lo conseguiréis. Tal vez no. Queréis que me calle. Me callo. (…) Pero el combate continua, incluso si tengo que callarme.” -Denis Robert, 10.06.2014 • ladominationdumonde.blogspot.com
Posiblemente, muchos de vosotros no sepáis quién es Denis Robert porque en la gran mayoría de medios de comunicación españoles apenas ha tenido visibilidad. Nos han hablado de las aventuras amorosas de François Hollande. No nos han hablado de Denis Robert.
Denis Robert es un periodista que dejó de trabajar en Libération e hizo una investigación por su cuenta y riesgo sobre la sociedad Clearstream. Descubrió que Clearstream era un entramado financiero internacional, afincado en Luxemburgo, que se ocupaba de lavar dinero de forma industrial. Un dinero que en muchos casos podía proceder de fuentes oscuras, como la corrupción y el tráfico ilegal de armas, drogas o personas. Un dinero que debía esconderse muy bien y evitar que fuera esquilmado por los impuestos. En Clearstream, estaban implicados altos cargos de la política francesa y europea (el presidente de Luxemburgo entonces era Jean Claude Juncker, ahora presidente europeo). Denis Robert lo publicó en una serie de libros. Fue demandado y condenado en 2008 a pagar decenas de miles de euros. Se tuvo que callar (por el momento).
Pero no hace falta irse a Francia para comprobar que los periodistas denunciantes acaban en el banquillo antes que los cargos denunciados por corrupción. En Cataluña Cafèambllet, una revista local dirigida por Albano Dante y Marta Sibina, también fue condenada a pagar 10.000 euros a Josep Maria Via, quien aparecía en una de las investigaciones que colgaron en YouTube, El mayor robo de la historia de Cataluña (marzo 2012). En ella destaparon una red de corrupción en la sanidad catalana cuyos protagonistas —altos cargos de Convergència i Unió y el PSC― están siendo ahora investigados por el aparato judicial. El vídeo llegó a las páginas de The Washington Post (by the way, propiedad ahora de Jeff Bezos, el dueño de Amazon), que cuarenta años antes había relatado el caso Watergate gracias a los periodistas Woodward y Bernstein. La Vanguardia no dijo nada sobre la corrupción en la sanidad catalana. Sí que publicó, en cambio, la condena de 10.000 euros para Cafèambllet.
Ciutat morta
[quote align=»left»]Woodward dice: “Mira, Bernstein”.
Inclina el tronco y coge un ejemplar de La Vanguardia.
—¿Ves?
—¿Qué?
—Periodismo de reverencia.
No es la única información que La Vanguardia ha dejado fuera de sus páginas. Recientemente, el documental Ciutat morta (Xavier Artigues y Xapo Ortega, 2013) también ha sido ignorado por la dirección del rotativo (digo bien, la dirección: unos redactores presentaron un reportaje que nunca se publicó). Poco importa que fuera una producción catalana y que ganara el premio al mejor documental en el último Festival de Málaga, entre otros galardones. No se les olvidó, en cambio, reseñar 10.000 Km, una película sobre una relación a distancia dirigida por el catalán Carlos Marqués-Marcet, que ganó la Biznaga de Oro en el mismo festival.
El porqué no es difícil de explicar. Ciutat morta denuncia un caso de corrupción policial, judicial y gubernamental que tuvo su origen en la noche del 4 de febrero de 2006. Aquella noche la Guardia Urbana acudió a una casa okupa de la calle Sant Pere més Baix donde se estaba celebrando una fiesta. Entre los golpes de porra, empezaron a caer objetos del tejado. Uno de ellos cayó sobre la cabeza de un agente y lo dejó tetrapléjico.
La Guardia Urbana arrestó entonces a cuatro jóvenes que no estaban en la casa, sino en la calle. Los interrogó y luego tuvo que llevarlos al Hospital del Mar. Se ve que se les fueron las manos. En la sala de espera del hospital, los guardias vieron a una chica de estética okupa, estudiante de Filología. Había acudido allí por una caída en bici (una bici que luego de-sapareció). No tenía relación alguna con la fiesta, pero la detuvieron igual. Se llamaba Patricia Heras y era poeta. La condenaron a tres años de prisión en 2008. En uno de los permisos, en 2011, se tiró por la ventana.
El proceso
El documental pone en evidencia la invención de pruebas, las irregularidades del proceso judicial y la connivencia de las autoridades gubernamentales. En un inicio, el alcalde Joan Clos ―que aparece en el cartel publicitario del documental— aseguró que la lesión del policía había sido causada por el impacto de una maceta de grandes dimensiones. Según El Diario (03.01.2013) mantuvo esta versión en una entrevista televisada y aseguró que estaba respaldada por un informe policial (que tampoco apareció nunca). Sin embargo, la acusación particular del Ayuntamiento afirmó después que la lesión fue causada por el lanzamiento horizontal de una piedra. Esta versión eximía al Ayuntamiento de las responsabilidades que podían desprenderse por la caída de la maceta, y además casaba con las detenciones que se habían hecho a pie de calle. Los informes forenses, por contra, demostraron que esta versión era insostenible. No se tuvieron en cuenta. El juez únicamente dio crédito a la versión de los agentes, y los acusados, entre ellos Patricia Heras, fueron condenados a penas de prisión. El Ayuntamiento recurrió la sentencia porque consideró que las penas de prisión debían ser más largas. Esta noticia sí que apareció en La Vanguardia (31.01.2008).
La cobertura
Lluís Foix, subdirector, director adjunto y director de La Vanguardia en diferentes etapas, reconoció no hace mucho en un artículo en El Ciervo (“Pujol y el control de la palabra”, #748, agosto-octubre 2014) que ha habido un control político de los medios durante años. Y con este control político se refería a Pujol. No aclara si el diario que dirigía también cedió a estas presiones. Tampoco lo niega. Y, en cualquier caso, que diga quién controla los medios ahora, porque las denuncias a toro pasado sólo sirven para aligerar los cargos de conciencia.
La Vanguardia no ha dicho nada sobre Ciutat morta. El Periódico no ha dicho nada sobre Ciutat morta. Son los dos diarios más subvencionados de Cataluña. Son los mismos diarios que insertan publicidad pagada por el Àrea Metropolitana de Barcelona en sus páginas (El Periódico ha cobrado 600.000 por este servicio). En papel, es casi indistinguible del resto de noticias, porque no hay un aviso de que se trate de propaganda, aunque la tipografía cambie ligeramente. En la edición digital se incluye como una noticia más para el lector incauto.
De la misma forma, TV3, un medio tan dado a informar sobre cualquier cosa catalana, por nimia que sea, ha silenciado el éxito del documental. Es más, se ha negado a retransmitirlo. Según su dirección, es una versión sesgada. Pero no les importó, ni investigaron las irregularidades del proceso, ni tienen la impresión de que el veto es una decisión, como mínimo, igual de sesgada. Ellos sólo se dedican a propagar la versión oficial. Paga manda. (Ah, pero, según dicen ahora,
han rectificado y el 22 de septiembre aseguraron que lo retransmitirán, y ya dirán cuando.)
Para tener un poco de perspectiva, comparémoslo con la cobertura que hizo La Vanguardia de 10.000 Km. Dio notica de ella el 12 de marzo, cuando se proyectó en el Festival de Austin, también el 24 de marzo, cuando se proyectó en el Festival de Málaga, y el 29 de marzo, cuando ganó el premio a la mejor película de este último festival. Ciutat morta ganó la Biznaga de Plata al mejor documental. Pero la dirección de La Vanguardia decidió no hacer mención de ella. El diario volvió a informar de 10.000 Km el 10 de septiembre, cuando fue seleccionada para representar a España en los Oscars, y también el 1 de octubre, cuando se proyectó en el Festival de Berlín. Éste es un tratamiento normal. De Ciutat morta la única noticia que publicaron fue cuando unas 800 personas ocuparon el 9 de junio de 2013 el Palau del Cinema, en Via Laietana, para estrenar el documental. Del documental, por supuesto, apenas informaron. La noticia era la occupation.
Quien calla, otorga
[quote align=»left»]—Woodward, despierta… ¿has oído eso?
—¿El qué, Bernstein?
―Hay alguien que ha dejado de callarse…
No todos los medios se han comportado igual. Un caso paradigmático en lo que respecta a Ciutat morta es el diario La Directa (directa.cat). Informaron del caso desde 2006, haciendo entrevistas a los implicados y los allegados, dándoles voz, que es una de las funciones esenciales del periodismo. A partir de 2010, comenzaron a investigar los expedientes policiales, y adivinad qué: cotejaron los números de placa de los policías implicados en casos de torturas y racismo, y averiguaron que los mismos agentes denunciados por un ciudadano de Trinidad y Tobago (que, suerte para él, era el hijo del embajador de Trinidad y Tobago en Noruega), habían sido los testigos clave que declararon contra Patricia Heras. Esta investigación fue esencial para poder escribir el guión del documental. Si os preguntáis por los dos agentes, Víctor Bayona y Bakari Samyang, condenados a penas de dos años y tres meses, están esperando en la calle a que se resuelva el recurso que presentaron contra la denegación del indulto. Las lenguas que saben dicen que están cobrando una pensión vitalicia por enfermedad (curiosa enfermedad, que les afectó a raíz de la condena), pero por el momento no hay documentos que puedan confirmarlo.
También Cafèambllet, en su último número (09/2014), ha informado de Ciutat morta en un artículo en el que Albano Dante se pregunta con desesperación cómo puede ser que no supiera nada de este caso. El bloqueo mediático ha funcionado a la perfección. Si no fuera por el éxito que ha logrado en los festivales, seguramente muy pocos sabríamos de la existencia de una historia que avergüenza a los estamentos de arriba abajo. Porque no hay censura más efectiva que el silencio. Pero quedan resquicios: se hicieron eco de esta noticia La Marea, TimeOut, elDiario.es, el diario Diagonal, el Ara o El Punt Avui. No todos callaron, y eso les da credibilidad.
La información nunca es gratis
El modelo de lo “gratis” ha sido un anzuelo muy efectivo a la hora de controlar la información que se difunde y también toda aquella que circula por las redes sociales (además de Facebook e Instagram, Zuckerberg ya se ha hecho con el control de WhatsApp). Pero la realidad es que siempre hay alguien que paga por la información o por los soportes que ésta utiliza. Y, lógicamente, lo hace en su interés.
Por si la tutela gubernamental no fuera suficiente, la caída en las ventas de los diarios de papel y en los ingresos por publicidad ha provocado que la mayoría de rotativos hayan contraído deudas inasumibles con los bancos, lo cual les ha coartado la independencia: La Vanguardia y El Periódico están en manos de La Caixa, El País es coto privado del Banco Santander, el ABC es del BBVA… Consultad para más detalles el primer número de Cafèambllet: “La prensa está en manos de los bancos” (15.04.2014). Para botón de muestra, la cobertura de las muertes de Emilio Botín e Isidoro Álvarez (dueño de El Corte Inglés, una de las empresas que más gastaba en publicidad en los periódicos), una operación de propaganda en toda regla. Pero, además, también se puede observar una disminución de los contenidos de interés público en favor de aquellos que se ocupan del ocio, los deportes y los famosos. La razón es que son más rentables económicamente. No es que la información pública no sea rentable, sencillamente, lo es menos. La maximización de beneficios, la ignorancia y la avaricia, hacen el resto.
Para contrarrestar este movimiento han surgido iniciativas que buscan preservar la independencia y, para ello, han debido pensar en nuevos modelos como la subscripción, ediciones en papel no diarias o ediciones únicamente digitales. En algunos casos, antiguos jefes de redacción o redactores de periódicos importantes se han cansado de la rutina de producción informativa y han creado sus propios medios. Es el caso de Edwy Plenel, quien trabajó en redacción de Le Monde durante veinticinco años y en 2008 fundó Mediapart, el diario que ha destapado los casos de corrupción más sonados que últimamente han vapuleado a una opinión pública francesa cada vez más anestesiada. Por ejemplo, el caso Woerth-Bettencourt, en el que se revela un conflicto de intereses entre el ministro de trabajo, Éric Woerth, y Liliane Bettencourt, la principal accionista de L’Oréal y una de las mujeres más ricas de Francia. El mismo Plenel fue uno de los impulsores de Infolibre, una iniciativa gemela en España que también cuenta con el apoyo de Jesús Maraña (exdirector de Público) en la edición digital y de Javier Valenzuela, ex director adjunto de El País, en la edición en papel, Tintalibre. También La Marea, un diario en formato digital y con edición mensual en papel, fue fundada por MásPúblico Sociedad Cooperativa, compuesta por ex periodistas de Público y que se inspiró en los alemanes Die Tageszeitung. Todos estos diarios se basan en un sistema de suscripción que les permite informar con un interés muy determinado: el de sus lectores.
Lo importante son las fuentes
[quote align=»left»]
―Bernstein, ¿cómo era? ¿Tanto va el cántaro a la fuente…?
—… que al final te juzgan, Woodward, que al final te juzgan…
Ahora que unos pocos teclados generan y distribuyen la mayor parte de la información de manera prácticamente unívoca, la existencia de fuentes alternativas es un requisito indispensable para ejercer un periodismo de calidad. Y, en este sentido, es esencial la figura de la filtración. Los dos mayores filtradores del planeta, Julian Assange y Edward Snowden, están sujetos a persecución y recluidos en la embajada de Ecuador en Londres y en la ciudad de Moscú, respectivamente. Es una ironía del destino que Putin esté defendiendo la libertad de prensa y la protección de las fuentes de información. Tanto Wikileaks como el ex espía de la NSA (al que ahora acusan, paradójicamente, de espionaje) han sido dos puntales a la hora de revelar prácticas que querían mantenerse ocultas. A ambos quieren juzgarlos.
No se puede decir que sorprenda este acoso judicial al ejercicio periodístico. Günter Wallraff se disfrazó y se hizo pasar por trabajador turco (se llamaba Alí: y en el libro que publicó, Cabeza de turco, investigó las condiciones de trabajo infames que mejoraron después de su denuncia), operario en fábricas, alcohólico en un psiquiátrico, vendedor de armas (desbarató el golpe de estado del general portugués Spínola en 1976: ahí queda eso) y periodista en un antiperiódico (me refiero al Bild). Una parte considerable de las ganancias de sus libros, porque no contaba con el amparo de ningún periódico, tuvo que dedicarla a pagar las demandas judiciales. Pero incluso estos palos entre las ruedas resultaron beneficiosos porque dieron lugar a jurisprudencia: el Tribunal Supremo de Alemania legitimó sus métodos con la llamada sentencia Wallraff, que lo absolvía en el proceso que el Bild le había interpuesto y hacía prevalecer el derecho a la información. También le podían haber dado el galardón honorífico del carnaval de Río, por cierto.
Como ya he mencionado al principio, el juzgado de Primera Instancia número 37 condenó a la revista Cafèambllet a pagar 10.000 euros por atentar contra el derecho al honor de Josep Maria Via con esta frase: “Eso que usted llama burocracia se llama democracia y es la capacidad del pueblo para controlar en qué se gasta el dinero gente como usted, como Bagó, como Manté y tantos otros que se han enriquecido a costa de hundir la sanidad catalana”. La Vanguardia, de nuevo extrañamente selectiva y olvidadiza, no publicó la absolución de Cafèambllet por la Audiencia de Barcelona. Les debió de parecer una sentencia sesgada. Pero es una sentencia que protege el derecho a la libertad de información y de expresión. El de todos.
Por lo que respecta a Denis Robert, acosado por gobiernos y grandes multinacionales —especialmente para que revelara sus fuentes—, hubo un momento en que pudo dejar de callarse. Después de una decena de libros y varias películas, publicó el cómic El negocio de los negocios (Astiberri) donde narra la odisea para desenmascarar un fraude financiero internacional. Es de lectura obligada. Acaba así:
“El 14 de febrero de 2010 el Tribunal de París me absolvió del caso de los listados trucados (impropiamente llamado ‘Caso Clearstream’), reconociendo la utilidad de mi trabajo y que no me había saltado ninguna regla. El 3 de febrero de 2011 el Tribunal de Apelación desestimó definitivamente las acusaciones de Clearstream contra mí, en las tres sentencias que crearon jurisprudencia para los periodistas. Los magistrados reconocieron que mi tema ‘era de interés general’ y que ‘la seriedad de mi investigación’ autorizaba mis ‘declaraciones’. Tres meses más tarde, mis libros y mi documental, hasta entonces prohibidos, volvieron a salir por fin. (…) Estos juicios me han costado tiempo, energía, vacaciones, noches en vela, han puesto mis cuentas en números rojos. (…) ¿Que si me arrepiento? No. Nunca he tenido miedo realmente. He hecho que las cosas progresen en materia de libertad de expresión. Ahora sé que se puede doblegar a un gigante de las finanzas con la cabeza, las manos y lápices. No hay que rendirse nunca”.
