El pasado febrero, el presidente de Ciutadans, Albert Rivera, comentó que su partido apostaba por «una sanitat universal per als que tinguin permís de residència o siguin ciutadans espanyols». Han pasado dos años y siete meses desde que el gobierno de Mariano Rajoy aprobó el decreto ley que condenaba a las personas que han inmigrado a nuestro país y que no tienen papeles a la exclusión sanitaria y el partido naranja quiere perpetuarlo. Pero también han pasado dos años desde que surgieran desde la ciudadanía iniciativas para intentar burlar la violación a los derechos humanos que supone la ley, como Jo Sí Sanitat Universal (JSSU).

La Plataforma ha distribuido esta mañana un mini periódico de cuatro páginas en el que explica en qué consiste el cambio de modelo sanitario, cómo han pasado estos dos años de exclusión y lo más importante, cómo se trabaja para derogarla y, mientras tanto, aprovechar sus lagunas y combatir sus abusos. El objetivo de la acción, con voluntarios en las principales bocas de metro de la ciudad, era que quienes no están excluidos, esas personas con permiso de residencia y ciudadanos españoles, conozcan lo que está pasando al otro lado de la ridícula legalidad de los papeles.

La plataforma afirma que el mensaje «en Catalunya todo el mundo tiene garantizada la asistencia sanitaria» es «rotundamente falso». A pesar de que la Generalitat dijo que desarrollaría el modelo a su manera para que todo el mundo tuviera la sanidad cubierta, estableció el empadronamiento como requisito imprescindible para obtener la tarjeta sanitaria y, además, que ese padrón se renueve cada X si la persona en cuestión no quiere perder su acceso a la salud. La instrucción es tan ambigua e incompleta y se le ha dado tan poca publicidad que es casi imposible interpretarla y comprenderla.

Lo más indignante es que los mismos que hacen la ley se la saltan en los tres casos en los que la sanidad debe ser gratuita sí o sí: embarazo -preparto, parto y posparto-, menores de edad y urgencias. La plataforma denuncia que en muchos casos se ha denegado la atención o se han cobrado «facturas astronómicas».

No sé si se dan cuenta de la gravedad del asunto. Es la salud. Es el sistema que hace por que estemos vivos y estemos bien. Es un derecho. Debería preocuparnos, al menos, porque como advierte JSSU, «hoy excluyen a los irregulares, mañana a los comunitarios -inmigrantes procedentes de otros países de la Unión Europea- y mañana, quién sabe».