A más desahucios, más narcopisos. Es así. La vivienda es la razón fundamental por la que las drogas campan a sus anchas por el Raval. Y para muestra, botones.
En mayo de 2017 había 3 narcopisos en carrer Riereta, nacidos de tres espacios vacíos. La policía los desalojó y hasta ahí pudo leer porque no hizo nada más con ellos. En el caso del local de Riereta 3, se tapió solo una de las puertas. Así que los traficantes volvieron en lo que canta un gallo, como cabía esperar.
Por suerte, en un barrio organizado como el Raval, los vecinos estaban al quite y en cuanto notaron una ausencia de varios días, entraron y lo okuparon. Desde entonces, un grupo de jóvenes lleva el local y hace su vida en él. A los otros dos narcopisos entraron familias sin recursos. Los vecinos, felices. David Marimón, que vive en esa calle, cuenta que cuando los narcos campaban a sus anchas se vivieron peleas —con patadas en la cabeza incluidas—, desfiles de zombies y los más mayores tenían miedo hasta de bajar la basura
Pero esos tiempos pueden estar a la vuelta de la esquina de nuevo: el local de Riereta 3 tiene fecha de desahucio. Y ningún otro plan en el horizonte. El propietario, BBVA, lo tapiará y dejará vacío. Los vecinos temen la vuelta de los traficantes porque, como señala Ángel Cordero, de Acció Raval, en la macrooperación del pasado noviembre se actuó contra una de las mafias, la dominicana, pero no contra las otras dos que hay en el Raval. Desde entonces son discretas, pero siguen trapicheando en el barrio. De hecho, Acció Raval ha detectado 5 nuevos narcopisos desde la operación Bacar.
Hay más. BBVA, que no accede a soluciones en el caso de Riereta 3, se quedó con la inmobiliaria Unnim, propietaria del local, en 2012. Le costó 1€ convertirse en la mayor propietaria de España. Cuando se le pide un alquiler social, una negocación de la deuda o un aplazamiento, el banco dice que nanai. Iñaki García, miembro de El Lokal, les acusa de meter los pisos en paquetes que vende a fondos como Blackstone.
Satisface ganar las luchas, pero fatiga tener que pelearse por derechos básicos
El colmo de todos los colmos es que los fondos de inversión denuncien los impagos de alquiler y no así las narcokupaciones. Para muestra… en el número 9 de la calle Sant Martí, una familia acumulaba meses sin pagar la renta y el juez decretó orden abierta de desahucio para la primera quincena de febrero. En el mismo edificio hay un narcopiso, que pertenece a los mismos propietarios y que gestiona la misma inmobiliaria que el anterior piso. Los vecinos lo han denunciado en varias ocasiones y la propiedad no ha hecho nada.
El caso es especialmente grave porque la investigación no puede iniciarse sin denuncia del dueño. Cosa que sí ha hecho en el caso de la vivienda que dejó de pagar el alquiler. Y más aún con el tema de la fecha abierta. Después de años de desahucios y movilizaciones sociales, no solo no ha cambiado la ley hipotecaria, sino que el poder judicial se saca esta arma de la manga para intentar desmontar a las plataformas vecinales.
Y así suma y sigue hasta 200 pisos vacíos en el Raval, según el Ayuntamiento. Quien no vea la relación directa entre el problema de la vivienda, que ninguna institución ha hecho nada por atajar, y el narcotráfico, es que está ciego o no quiere ver. Los activistas del barrio dicen que no se rinden, pero están cansados. “Satisface ganar las luchas, pero fatiga tener que pelearse por derechos básicos”, resume, con los párpados pesados, Iñaki García. Tiene más razón que un santo.
