Vamos a dar un paseo por la ciudad. Todo empezó –los jóvenes no lo recordarán– aquel año (2005) en que La Vanguardia sacó treinta y dos portadas alarmantes porque Barcelona se estaba convirtiendo en Sodoma y Gomorra.
La ciudad era el epicentro del libertinaje mundial: la gente bebía en las calles, la gente tocaba música en las calles, la gente meaba en las calles, y “jugaban a pelota” e incluso “hacía actividades o prestaba servicios no autorizados en el espacio público (las calles)”, y la gente dormía en las calles y “colaboraba con los vendedores ambulantes no autorizados”, y “ofrecía la limpieza no solicitada de parabrisas” en la calle, y “mantenía relaciones sexuales de pago” y “acampaba en las vías” y “persistía en actitudes que impedían el libre tránsito de los ciudadanos por el espacio público”… y muchas salvajadas más.
«Quin és el problema més greu que té Barcelona en aquets moments?» Enquesta de Serveis Municipals, Ajuntament de Barcelona, 2016
Entonces, el gobierno del Ayuntamiento dirigido por Joan Clos redactó y aprobó la Ordenanza de medidas para fomentar y garantizar la convivencia ciudadana en el espacio público de Barcelona (OC en adelante) con el objetivo “de preservar el espacio público como un lugar de convivencia y civismo, en el que todas las personas puedan desarrollar en libertad sus actividades de libre circulación, de ocio, de encuentro y de recreo, con pleno respeto a la dignidad y a los derechos de los demás y a la pluralidad de expresiones y de formas de vida diversas existentes en Barcelona”. Magnífico.
El informe
En el carrer de la Ciutat, me encuentro con Marc Serra, regidor de Derechos de la ciudadanía en el ayuntamiento de Barcelona, y le pregunto sobre esta controvertida ordenanza mientras bebo con suma cautela (autoestigma) una cerveza que acabo de comprar a un paquistaní (colaboración): “Se ha hablado mucho de la Ley Mordaza (la Ley de seguridad ciudadana), y se ha criticado mucho su dureza, pero lo cierto es que el importe de las sanciones es mucho menor que el de la OC, que tiene unas multas y regulaciones mucho más duras.” Muy bien, respondo, pero, ¿qué ha hecho el gobierno de Ada Colau al respecto? “En primer lugar, encargamos un estudio a la UB para saber qué efectos tenía a nivel de derechos humanos.”
Ah, sí, lo conozco. Es el Informe sobre la aplicación de la ordenanza de medidas para garantizar la convivencia ciudadana en el espacio público desde la perspectiva de los derechos humanos, que llevaron a cabo Cristina Fernández Bessa y Andrés di Masso para estudiar el periodo 2006 – 2016. Allí se decían cosas como que el 50 % de las denuncias tienen lugar en Ciutat Vella; que la venta ambulante es el principal motivo de denuncia (50 %), seguido del consumo de bebidas alcohólicas (24 %) y de las necesidades fisiológicas (7 %); y que cuando más denuncias se ponen es en los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre. Y otro dato interesante: en 2014, por ejemplo, solo se cobró un 0,32 % de las denuncias por venta ambulante, las más habituales. Volveré a ello.
Mitjana de les sancions imposades als diferents districtes entre 2006 i 2016* (%)
“Con frecuencia, la OC tiene el efecto de sobrepenalizar e hipervulnerabilizar a las personas afectadas que ya están en situación de desigualdad social y económica, tanto en términos jurídicos como en términos económicos”.
Entre sus conclusiones se encontraban las siguientes: “La OC no cumple el objetivo de reducir las actitudes o las conductas no deseadas a través de la sanción, tanto si se suben los importes como si se reducen (…). Se detectan casos recurrentes de actuaciones policiales percibidas como arbitrarias en la aplicación de la OC, esto es, de actuaciones no atribuibles a una interpretación discrecional proporcionada con la situación concreta. Con frecuencia, la OC tiene el efecto de sobrepenalizar e hipervulnerabilizar a las personas afectadas que ya están en situación de desigualdad social y económica, tanto en términos jurídicos como en términos económicos. (…) En conjunto, concluimos que el articulado actual de la Ordenanza de civismo y sus formas de aplicación impiden a algunos habitantes de Barcelona encontrar las condiciones para su realización política y social en la ciudad, ya que su dignidad y calidad de vida, en lugar de fomentarse, terminan deteriorándose como consecuencia de la aplicación de esta norma. Por estos motivos, entendemos que urge modificar la norma y hacer un cambio en la orientación del abordaje de la convivencia en el espacio público que supere el imaginario del civismo y avance hacia el derecho a la ciudad.” Pim, pam, pum.
¿Qué es el civismo, según la OC?
La OC no es una guía que exponga cuál es el comportamiento del buen ciudadano (por ejemplo, Joan Clos), sino que determina aquello que no se puede hacer y la sanción que le corresponde:
“Está prohibido realizar todo tipo de grafito, pintada, mancha, garabato, escrito, inscripción o grafismo” (art. 20.1, de 750 a 1.500 euros); “Se prohíbe la práctica de juegos en el espacio público y de competiciones deportivas masivas y espontáneas que perturben los legítimos derechos de los vecinos y vecinas o de los demás usuarios del espacio público” (art. 31, de 750 a 1.500 euros); “Está especialmente prohibido por esta ordenanza la solicitud, demanda y negociación de servicios sexuales retribuidos en el espacio público por parte de los clientes potenciales” (art. 39.2, de 300 a 3.000 euros); “Está prohibido el consumo de bebidas alcohólicas en los espacios públicos cuando: a) Pueda causar molestias a las personas que utilizan el espacio público y a los vecinos. b) Se haga en envases de cristal o de lata” (art. 46.2, de 30 a 1.500 euros); “Está prohibida la venta ambulante en el espacio público de cualquier tipo de alimentos, bebidas y otros productos, salvo las autorizaciones específicas” (art. 50.1, 500 euros).
Y también se prohíbe dormir en la calle, ducharse o lavar ropa, mendigar o tocar música, o “hacer uso impropio del espacio público y sus elementos”, lo cual, según cómo se interprete, puede significar lo que le apetezca al agente de la Guardia Urbana que patrulle por aquí.
Llamo a Fernández Bessa, justo cuando le doy cincuenta céntimos a un músico callejero (¿colaboración otra vez?), y le pregunto qué es lo que cambió en el concepto de civismo: “Antes, que un ciudadano fuera cívico quería decir que participaba de la vida pública, que se preocupaba por la comunidad (un civismo activo). Pero con este tipo de ordenanzas se ha dotado a la palabra incívico de muchas connotaciones negativas: es incívico quien no responde a unas expectativas aparentemente comunes en el espacio público.
Sin embargo, estas expectativas comunes no son las mismas para todos los ciudadanos porque están en diferentes posiciones en la jerarquía de poder, social, económica, etc. Por lo tanto, lo que una normativa pueda señalar que es lo correcto o incorrecto dependerá de la situación de cada ciudadano. Y, ¿cuál es el problema de esta ordenanza? Que da la misma respuesta a todos: la multa”.
“La multa tiene efectos muy diferentes dependiendo de la posición en la que se encuentre cada uno y las posibilidades que tenga para pagarla, o los efectos psicológicos (autoestigmas) que le pueda suponer. La OC es una herramienta policial para gestionar muchos conflictos del espacio público”.
Bueno, ¿y por qué es problemático? ¿No somos todos iguales? Responde Fernández Bessa: “La multa tiene efectos muy diferentes dependiendo de la posición en la que se encuentre cada uno y las posibilidades que tenga para pagarla, o los efectos psicológicos (autoestigmas) que le pueda suponer. La OC es una herramienta policial para gestionar muchos conflictos del espacio público. Pero a veces no es la herramienta adecuada. La ciudadanía frecuentemente pretende que la policía, en este caso la Guàrdia Urbana, solucione todos los problemas con su presencia, pero tiene unas herramientas limitadas. Hay problemas que necesitan otras respuestas. Se da a la policía la responsabilidad de resolver conflictos sociales que van mucho más allá de sus posibilidades de actuación.”
Vuelvo con Marc Serra después de lavarme una mancha de cerveza en la fuente (infracción del art. 58.2.d: prohibido lavar ropa en fuentes), y vuelvo con la pregunta: ¿qué hizo el gobierno de Ada Colau a la luz de estas conclusiones? “Lo que hicimos fue generar un nuevo texto, una modificación en profundidad para adaptarlo al contexto actual. La sorpresa fue que en el momento de negociarlo con los grupos políticos no había voluntad para modificarlo. La mayoría de los partidos están de acuerdo con la política de tolerancia cero y de identificar como responsables de problemáticas sociales a las personas individuales cuando son problemas colectivos. Al ir a la letra pequeña, los acuerdos fueron imposibles.”
Muy bien, la OC siguió igual, pero, según los informes de la Guàrdia Urbana hay una bajada muy acentuada de denuncias entre 2016 (130.451) y 2017 (84.980), que se mantiene en los años posteriores. ¿Qué pasó?
“Consideramos que la intervención más punitiva tiene que ser el último recurso. Antes, la intervención social. Así se consigue reducir las denuncias, y también se aumenta la eficacia porque muchas de las multas que se ponen no se pagan. La OC genera una falsa sensación de contundencia que en la práctica acaba siendo totalmente inocua. También aprovechamos la aprobación de la Ley Mordaza para aplicarla por encima de la OC e intentar suavizarla. Por ejemplo, la prostitución en el espacio público: la Ley Mordaza desregula estas actividades y por lo tanto hemos dejado de sancionar a las personas que ejercen la prostitución. Sabemos que no servía de nada. Este tipo de legislación lo único que hace es empeorar la situación de estas personas y no supone ningún cambio en el espacio público.”
Ya es el colmo que la Ley Mordaza haya servido para suavizar la Ordenanza de Barcelona, pero así nos hacemos una idea de qué tipo de legislación tenemos en esta ciudad.
Entonces, ¿para qué?
Como he apuntado antes, en 2014 solo se cobró un 0,32% de las multas a la venta ambulante, que representan un 50% del total.
Se pusieron 304 multas por dormir en el espacio público, de las que solo se cobraron cuatro (1,32 %). Por “colaborar con vendedores ambulantes no autorizados” (parece una redacción de la Stasi), se pusieron 10.060 multas, de las que se cobraron 76 (0,76 %). Etc. Así lo explica Marc Serra: “Por abajo, las multas a las personas sin techo (a fecha de hoy ya no se multa a nadie por dormir en la calle) o a la economía de subsistencia no se cobran por insolvencia. Y por arriba, respecto a los turistas, ni siquiera se pueden tramitar con el marco vigente porque, en pocos días, vuelven a sus países de origen y la legislación internacional actual no nos permite hacer una ejecución forzosa de estas sanciones. No es algo nuevo, desde su inicio ha sido así.”
Pero, ¿quiere decir que todo el trabajo de la Guàrdia Urbana y la administración es inútil? Responde Fernández Bessa: “Depende. La existencia de la norma no sirve solo para cobrar sanciones. Dota a la Guàrdia Urbana de una herramienta para intervenir en ciertas situaciones.” Y Marc Serra conviene: “Nos da un título habilitante, aunque no nos guste el redactado actual, para que la Guàrdia Urbana pueda actuar cuando la intervención social o de prevención no ha funcionado. En estos casos, la OC te permite actuar de forma policial. Tratamos de que sea el último recurso y de que sea gradual.”
La OC sigue vigente, igual que los problemas que pretendía resolver, y una regulación tan punitiva y arbitraria no puede depender de la buena (o mala) comprensión de los políticos.
Me despido de Fernández Bessa, me despido de Marc Serra. Bajo por el carrer Ferran pensando en lo mucho que se ha arriesgado quien haya colgado aquel cartel reivindicativo en una farola (art. 23.1, hasta 1.500 euros) y que es una suerte que en el ayuntamiento haya ahora un tipo tan comprensivo como Marc Serra, pero no nos engañemos: la OC sigue vigente, igual que los problemas que pretendía resolver, y una regulación tan punitiva y arbitraria no puede depender de la buena (o mala) comprensión de los políticos.
La ciudad se merece una Ordenanza que no estigmatice a colectivos ya de por sí vulnerables. Una Ordenanza que no cargue a la Guàrdia Urbana con la responsabilidad de resolver todos los problemas. Al informe de Fernández Bessa y di Masso se pueden sumar muchos otros estudios que llegan a conclusiones parecidas. No he encontrado ninguno que defienda esta Ordenanza. Pero estaré atento. Estaré atento a ver con qué cara se atreven los políticos a rechazar una nueva Ordenanza que, sencillamente, no sea peor que la Ley Mordaza.
