Si la prostitución se ejerce en libertad, es un trabajo como otro cualquiera, con sus correspondientes derechos laborales. Así lo ha dictado un juez de lo social en Barcelona. Los proxenetas tendrían que contratar a las mujeres y ellas cotizarían y tendrían derecho al paro. La última palabra la tendrá el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya si se recurre, pero ya es pionera: es la primera vez que un juzgado reconoce los derechos laborales de las trabajadoras del sexo.
En octubre de 2012, inspectores de trabajo y funcionarios de la Policía Nacional, entraron en un centro de masajes a investigar si después había algo más. El anuncio de la empresa en la web decía «nuestro factor humano y de servicios está ampliamente capacitado, tanto en presencia, saber estar y educación, como también en poder otorgarles una dedicación plena, placentera, sexual y con mucha implicación femenina hacia la persona que reclama y recibe nuestras atenciones”. Muy poco sutil y dejando muy poco lugar a dudas. Las mujeres aseguraron que trabajaban allí voluntariamente y empezó el proceso porque la empresa no les había dado de alta en la Seguridad Social.
Si la sentencia se consolida, la revolución será casi total en el gremio. Las prostitutas empezarían a tener por fin los mimos derechos que el resto de trabajadoras: contrato, Seguridad Social, pensión, vacaciones, bajas… la primera consecuencia ya está aquí: la Tesorería de la Seguridad Social ya ha reclamado al centro de masajes las cuotas que deberían haber ingresado por sus tres empleadas. Los derechos llegarán después de las obligaciones, que las cosas cambian en el aparato público, pero el carácter permanece.
Las trabajadoras del sexo llevan años pidiendo que se reconozcan sus derechos laborales. Lo reclamaron también ayer en la manifestación por el Día de las Mujeres Trabajadoras, a la que asistieron unas 4.000 personas, según la Guardia Urbana.
