La Generalitat continúa con su plan de deshacerse de los costosos edificios públicos. Pero, ¿a qué precio? Hemos sabido por la Vanguardia que, después de dos subastas, el Govern ha vendido el edificio Torre Muñoz, en Passeig de Gràcia (el que está al lado del Palau Robert) y la sede del Departament de Treball, en Sepúlveda. Por esa vía se ha embolsado poco más de 63,5 millones de euros, que es lo que se ofreció en la última subasta.
Hasta aquí, todo bien. El problema es que no sabemos quién ha comprado estos edificios. Según el periódico, «el nombre no trascendió porque la operación está pendiente de autorización». Sin embargo, la Generalitat ya ha recibido el 25% del importe de venta «en concepto de depósito», a la espera de que el Govern autorice el trato. ¿Por qué no nos cuentan quién lo compra? Además, las posibilidades de que el comprador se quede con los inmuebles es bastante alta, dado que las dos subastas anteriores quedaron desiertas y que la Generalitat tiene, de verdad, entre sus objetivos deshacerse del patrimonio y alquilarlo.
¿A qué viene la falta de transparencia? ¿No tenemos derecho a conocer qué será de estos edificios después? ¿Por qué ocultarlo hasta que no haya vuelta atrás? Después dirán que estamos paranoicos, pero viendo el crecimiento de los hoteles, restaurantes y demás establecimientos de lujos, el temblor empieza a palpitar.
