Conversamos en plena calle con Andrés García-Berrio, abogado y socio fundador de la organización de defensa de derechos humanos Irídia. Las nuevas medidas de restricción por la pandemia no nos dejan otra opción. Pero la crisis sanitaria, que ha dejado en paréntesis tantos aspectos de nuestras vidas, no parece haber detenido en absoluto el trabajo incansable de Andrés y sus compañeras, que llevan actualmente 54 casos de violencia institucional. Todos recordamos las imágenes de cargas policiales, pero suceden muchas otras cosas que no vemos. Así que la primera pregunta es obligada.
En Iridia habláis de “violencia institucional” y no solo de “violencia policial”. ¿Qué incluye este tipo de violencia?
Para nosotras tiene que ver con el uso de la fuerza por parte del Estado que no sea legítimo o sea ilegal. Tiene que ver sobre todo con los operadores del sistema penal, que son los cuerpos policiales, pero se amplía también a funcionarios de prisiones o miembros de la seguridad privada, porque al final es una delegación. El Estado tiene el monopolio del uso de la fuerza, que pueden ejercer funcionarios públicos o, de manera delegada, entidades privadas, a través de la Ley de Seguridad Privada. Ese uso de la fuerza que realizan no lo hacen en tanto que son una empresa de seguridad privada, sino porque el Estado está legando esa capacidad que tendría a priori. Por eso entendemos que también hay que vigilar esa actuación. Por ejemplo, hemos llevado casos de actuaciones de guardias de seguridad en el metro o en la renfe.
Cuando hablamos de violencia policial, la primera imagen que nos viene son las cargas policiales en protestas o en desahucios, pero imagino que esta violencia se puede dar también en otros momentos…
Al final, la violencia policial se da todo el rato porque, por ejemplo, una detención es un acto de fuerza violenta. Pero, ¿dónde aparece ese plus de ilegalidad? En los momentos en que no se adecúa a los protocolos. El mayor número de casos tiene que ver con el derecho a la protesta, pero, efectivamente, se produce también en muchos otros contextos. Tiene que ver con las intervenciones en espacios públicos antes de pasar a estar bajo custodia, si se reduce a una persona o se hace una intervención como puede ser con el top manta.
Por ejemplo, llevamos un caso pendiente de sentencia de una persona que tuvo una discusión de tráfico con alguien que resultó ser policía y acabó deteniéndole y aplicando maltratos fuertes dentro de la comisaría como castigo. Otro de los espacios que trabajamos a nivel policial es el Centro de Internamiento para Extranjeros de Barcelona. También en el espacio de la deportación aparecen situaciones de violencia institucional.
¿Hay un problema porque no se están cumpliendo los protocolos de orden público o porque hay que cambiar el contenido de estos protocolos?
El principal problema que tenemos, por el que hay tanta distancia entre la legalidad y la realidad, tiene que ver con la falta de mecanismos efectivos de control, evaluación y sanción de los cuerpos policiales. Las normativas y los protocolos podrían ser mejorables pero, en general, suelen ser bastante respetuosos con los derechos fundamentales. En general, porque, por ejemplo, el protocolo de deportación es horrible. Lo que pasa es que cuando un agente no cumple con el protocolo, normalmente no tiene consecuencias. Y aquí hay un elemento clave: si el agente no es sancionado al no ir identificado, que es lo que permite que el día de mañana se pueda saber quién está actuando, el mensaje que estás dando es que se van a permitir espacios de impunidad. Es un problema muy profundo que nosotras asemejamos a lo que pasaba con la corrupción. Hace unos años había muchísima corrupción y había una cultura de la omertà, nadie denunciaba al otro. Por eso hubo una práctica de corrupción normalizada durante mucho tiempo.
En términos generales, la policía trabaja de manera correcta, pero hay un corporativismo en el que está muy mal visto que una persona denuncie a otro compañero. De hecho, yo, en 10 años de ejercicio de la abogacía dedicado especialmente a esta cuestión no me he encontrado con un caso en el que un mando policial o un agente delate a otro. Siempre recae la responsabilidad sobre la sociedad civil.
¿Y los propios cuerpos no cuentan con mecanismos efectivos de control?
Las unidades de asuntos internos que hay para la investigación de estos delitos no tienen suficientes recursos, ni suficiente autonomía, ni una ventanilla abierta para que la ciudadanía pueda realizar quejas en un marco de protección. Dependen al final de una dirección política. Cuando nos llegan las denuncias, intentamos activar este tipo de mecanismos pero vemos que tienen muchísimas deficiencias. Tiene que haber mecanismos internos pero si se encarga una investigación al mismo cuerpo policial que puede tener vínculos afectivos, entendemos que no es lo correcto.
¿Qué proponéis?
Se debería generar un cuerpo independiente de funcionarios que fueran los encargados de investigar a todas aquellas policías, funcionarios de prisiones o agentes de seguridad privada que tienen delegado el uso de la violencia. Y debería ser un tipo de policía independiente orgánicamente. Por ahora estamos centradas en mejorar los mecanismos internos de control de la policía. No se trata tanto de no dejar impunes unos hechos concretos, que también, sino de dar el mensaje de que no quedan impunes.
Me sorprende mucho que no exista ya algún mecanismo independiente para estos casos.
A los mecanismos que hay, como podría ser el Síndic de Greuges, les faltan competencias. Si el Síndic encuentra una situación que podría ser delictiva, no tiene capacidad más allá de notificar a la fiscalía. Es muy limitado. Hay organismos muy parecidos al Síndic, como la Procuración Penitenciara argentina, que trabaja en prisiones y si detecta un caso puede hacer querellas directamente, en nombre de las personas presas. Aquí parece que las administraciones no se pueden denunciar entre sí.
Uno de los elementos fundamentales tiene que ver con la fiscalía y la justicia. No tienen proactividad suficiente para investigar y eso alimenta la sensación de impunidad. Tiene que ver con un cierto corporativismo, relativización de las situaciones y falta de formación en derechos humanos. Una de las cosas que serían más eficaces, igual que con la fiscalía anticorrupción, sería generar una fiscalía de violencia institucional, que se dedique a llevar estos temas de manera proactiva. Nosotras atendimos entre 2016 y 2019, 442 casos, ahora estamos llevando 54 litigando directamente y en ningún caso hemos visto la proactividad. Siempre actúa a demanda, o porque lo pedimos nosotras o porque lo pide la víctima con sus abogados o porque la denuncia llega a un juez.
Por ejemplo, el 1 de octubre hay agentes de policía que cometen delitos ¿y quién investigó los hechos? Nosotras, la sociedad civil, desde el minuto cero. Pero nadie a nivel público investigó, ni siquiera los Mossos investigaron las actuaciones ilícitas de la Policía Nacional.
¿Qué hacéis cuando un policía comete un delito?
Investigamos: miramos los vídeos, vemos dónde puede haber delito, quiénes son los agentes, contactamos con las víctimas… Al final es una sensación de ser agentes de policía. Es una anormalidad democrática porque no es nuestro papel, nosotras deberíamos hacerlo como un añadido pero somos el único servicio donde la ciudadanía puede venir y se le atiende, se le pone una denuncia. Pero lo que se le está diciendo a la persona víctima de violencia institucional es que, si quiere denunciar los hechos, o contrata a un abogado si tiene dinero, o tiene que ir a la comisaría del cuerpo policial que ha perpetrado la violencia. Es muy complicado. Además, si la persona denuncia por el canal público habitual, la cuestión llega a asuntos internos quizás un mes después de que la denuncia se haya interpuesto, porque no hay una ventana directa. Nosotras sí que hemos logrado un canal directo con la UDAI [Unidad de Régimen Interior de la Guardia Urbana] porque lo hemos pedido, pero con Mossos todavía no lo hemos logrado, lo hacemos a través del Área de Mediación.
Hace unos días se anunció un cambio importante: los agentes de la BRIMO y la ARRO irán más claramente identificados. ¿Cómo lo valoras? ¿Cuál ha sido la reacción del cuerpo ante esta medida?
Es una muy buena noticia, una reivindicación básica a nivel de prevención y de rendición de cuentas porque estamos cansadas de ver casos que se archivan por no identificar al autor. Los sindicatos policiales ya han salido a criticarlo con el argumento de que se sospecha de ellos. Pero mire, es que usted es un funcionario público y si alguien no hace las cosas bien, se le ha de poder identificar, ¿no? Confiamos en que hay mandos y sectores policiales que están a favor de esta medida. Porque lo que queremos fomentar es la cultura de la tolerancia cero con las vulneraciones de derechos humanos. El día que lo que esté mal visto sea el policía que se sobrepasa y lo que esté bien visto sea denunciar, ganará toda la sociedad.
Y ¿qué otros cambios urgen, desde vuestro punto de vista?
Creemos que se ha de hacer una evaluación de las armas de foam. En las protestas de octubre del año pasado cuando cuatro personas perdieron el ojo y todavía no está clarificado cuáles fueron por balas de goma y cuales por proyectiles de foam, que pueden llegar a causar esa lesión. No estamos todavía en una fase de exigir la retirada pero sí de solicitar que nos dejen ver el protocolo, que todavía no nos han dejado ver.
Vosotros decís que hacéis un trabajo “psico-jurídico” con las víctimas. Son dos palabras que no solemos ver juntas. ¿Qué quiere decir y por qué es importante?
Nosotras lo que buscamos en el trabajo con las personas afectadas es generar un proceso de empoderamiento, de integración de lo vivido y luego, más allá, pues obviamente de reparación, justicia y garantía de no repetición para el resto de la sociedad. Es súper clave tener en cuenta todos los procesos emocionales tanto de la persona como de su contexto. Porque cuando se produce una situación de vulneración de derechos humanos, se mueve tu experiencia vital y la de tu entorno. No es que las psicólogas hagan tratamiento terapéutico, pero sí psicosocial, de acompañamiento.
También decís que no solo buscáis responsabilidades penales, sinó también políticas.
Los dispositivos son muy complejos. En un contexto de manifestación, las decisiones se toman desde el CECOR [Centro de Coordinación Operativa], donde están también los responsables políticos en la toma de decisiones. Hay determinadas disfunciones en el uso de la fuerza que tienen claramente que ver con que un agente ha decidido saltarse la ley y la responsabilidad puede estar solo en él o ella o su mando más directo sobre el terreno. Pero cuando un dispositivo policial actúa con unos patrones en común, entendemos que empieza a haber responsabilidades políticas porque la autorización del uso de la fuerza también está regulado. Un agente de Mossos de a pie necesita autorización para elevar el grado de uso de la fuerza. Algunas decisiones dependen directamente del cargo máximo, que puede ser político.
