Rita (nombre ficticio) salvó hace pocas semanas a cuatro señores con traje que se habían quedado encerrados en el ascensor de su finca. Cuando le preguntó al portero qué hacían ahí estos simpáticos visitantes un día laborable en horas de trabajo echando un ojo a la terraza comunitaria, el ujier contestó que el edificio estaba en venta. Como si fuera un artículo de segunda mano en Wallapop.

En Roger de Flor 209 hay 28 viviendas: 4 vacías y 24 alquiladas. Más allá de la visita de los hombres de negro, nadie se ha puesto en contacto con ellos para comunicarles que es probable que la casa, en la que algunas vecinas viven desde hace 55 años, deje de existir como tal en un plazo más bien breve. Porque lo que sí que hay es una serie de hechos que más o menos han llegado a sus oídos. La propietaria de la finca ha fallecido. Sus hijos, herederos de un patrimonio en el que se acumulan más casas, han creado de momento una comunidad de bienes hasta decidir de qué se hacen cargo y cómo. Desde que pasara a mejor vida la dueña el pasado mes de marzo, los cuatro visitantes en traje no fueron los únicos en merodear por allí, hubo más compañeros del gremio inversor. A partir de abril empezaron a darse circunstancias más preocupantes: las vecinas más mayores con contratos de renta antigua recibieron peticiones de certificados de fe de vida. Después empezaron los burofax y los emails para notificar a tres vecinos que tienen que abandonar sus casas. Uno de los domicilios afectados es el de los padres de una de las vecinas. Su padre tiene 86 años, necesita un andador para caminar y su madre tiene 70 y se acaba de operar. Deberán despedirse en julio de la casa de su vida.

A principios de junio decidieron ponerse en contacto con el administrador de la finca al que todos pagan mes a mes el alquiler. Ante la falta de respuesta de un responsable que decía no poder avanzarles nada por deseo de los dueños, empezaron a colgar pancartas en los balcones, incluidos los de los pisos vacíos. A los días alguien fue a quitarlas, con la mala pata de que uno de los vecinos hizo fotos mientras las descolgaban. Le amenazaron con llamar a la policía si no borraba las imágenes tomadas y, al verse solo, no tuvo más remedio que ceder.

Somos espectadores de un hecho que va a condicionar nuestras vidas y no podemos intervenir.

La finca aún no está vendida pero la compra debería cerrarse estos días, por lo que han podido saber los vecinos. “Somos espectadores de un hecho que va a condicionar nuestras vidas y no podemos intervenir”, cuenta uno de ellos desesperado tras haber intentado ponerse en contacto con la propiedad en diversas ocasiones sin éxito. También tienen miedo a las consecuencias legales de su lucha y aunque preparan una posible rueda de prensa, de momento prefieren no dar la cara.

Falta otra pata de la mesa. El Ayuntamiento. Los vecinos han acudido a los Servicios Sociales y la Oficina de l’Habitatge. Los primeros solo pueden actuar en caso de desahucios con sentencia judicial y la oficina puede mediar en casos individuales, piso por piso y dependiendo del tipo de contrato. Y todo esto con la ley siempre en contra, que favorece el libre mercado por encima del derecho a techo.

Frente a la indefensión, el Sindicat del Barri de Poble Sec elaboró hace semanas un mapa con los distintos grupos de cada barrio que están guerreando asuntos de vivienda disponible en la web noensfaranfora.com/qui-som. En cada distrito, las plataformas se están organizando para crear un censo de estas nuevas “propiedades verticales”, para conectar a sus afectados y que puedan compartir experiencias. El Ayuntamiento, de momento, ha ido comprando bloques con casos mediáticos, como el de Leiva 37 o el carrer Lancaster en el Raval, pero no se avista una línea política clara más allá de las actuaciones a golpe de titular. Sus manos están relativamente atadas porque las competencias de vivienda son de la Generalitat y el Estado. Al ejecutivo municipal solo le queda la opción del talonario. Y a día de hoy el de los hombres de negro tiene muchos más cheques firmados.